LA AGROECOLOGIA DEFIENDE AL CAMPESINADO Y RECONOCE SU INVALUABLE LEGADO A LA HUMANIDAD COMO EL ARTIFICE DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Comunicado público, septiembre de 2026 La pretensión el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia de desplazar la palabra campesinado y sustituirla por “pequeños empresarios del campo”, no es un simple cambio de vocabulario. Es la ratificación institucional de una peligrosa mirada que reduce un sujeto histórico y colectivo a su mera dimensión económica, negando su diversidad cultural, sus relaciones ambientales y sus expresiones sociales y políticas. No podemos callarnos ante la crisis múltiple que atravesamos. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, la crisis del agua, la inseguridad alimentaria y las desigualdades que atraviesan nuestros territorios no son fenómenos aislados. Son expresiones de una misma crisis agroalimentaria, profundamente ligada a una racionalidad reduccionista que ha convertido la naturaleza en recurso, el territorio en mercancía, los alimentos en bienes de mercado y la vida en valor económico. Y esto precisamente, ha sido generado por la idea obsesiva de empresarizar a los actores del agro y negar su carácter socioambiental complejo. La agroecología es un enfoque científico y político que, en diálogo fructífero con las comunidades tradicionales del campesinado, ha generado respuestas viables frente a estas crisis. No hablamos únicamente de sustituir insumos, aumentar rendimientos o hacer más eficiente una unidad productiva. Hablamos de transformar las relaciones de poder que han permitido la concentración de la tierra, la mercantilización de la naturaleza, el control de las semillas, del agua y de los alimentos, y la subordinación de los conocimientos a las estructuras que históricamente han decidido cuáles saberes son legítimos. Hablamos de fortalecer nuestros sistemas alimentarios, de territorializarlos y de mantenerlos en relación armónica con los ecosistemas. Hablamos de soberanía alimentaria como la capacidad de restablecer el control de nuestros sistemas alimentarios cuidando ecosistemas y generando bienestar físico y mental para toda la sociedad desde el alimento sano y culturalmente apropiado. Esto solo se puede alcanzar dando centralidad al campesinado. Reconocer al campesinado, como un sujeto de especial protección constitucional, es defender la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y climática, la autonomía territorial y la capacidad de los pueblos para decidir sobre las formas de producir y reproducir la vida.Colombia reconoce el rol del campesinado y su dimensión a través del bloque de constitucionalidad, firmando y ratificando tratados y convenios internacionales. Desde el Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO) hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto a las instituciones del país como un estado social de derechos pluriétnico y multicultural: No necesitamos menos campesinado en el lenguaje institucional. Necesitamos más reconocimiento, más derechos, más autonomía y más capacidad de decisión para quienes sostienen nuestros territorios y nuestros sistemas alimentarios. Necesitamos impulsar la Agroecología fortaleciendo al campesinado y su invaluable capacidad para transformar los sistemas alimentarios haciéndolos más sustentables y resilientes. ¡Sin campesinado nunca tendremos soberanía alimentaria!

Así se ponen en riesgo las conquistas del campesinado y la agroecología en Colombia: el análisis de Álvaro Acevedo en la Segunda Jornada Agroecológica Hay un interés institucional, manifiesto y deliberado, por borrar del lenguaje del Estado dos palabras: «campesinado» y «reforma agraria». Esa es la reflexión central con la que el profesor Álvaro Acevedo abrió la ponencia central de la Segunda Jornada Agroecológica del Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO), realizada en el Tolima con el acompañamiento de la Universidad Nacional, Uniminuto, la Universidad de Ibagué y organizaciones locales como la Red Agroecológica del Tolima, el Comité Ambiental Defensa de la Vida y el nodo Tolima de la Red Nacional de Agricultura Familiar. No son dos palabras cualquiera: son los términos que históricamente han demarcado la lucha por el acceso a la tierra y por los derechos de las poblaciones que se hacen cargo de producir los alimentos del país. El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras han manifestado el interés de desaparecerlas del lenguaje institucional, y esas palabras revisten una enorme importancia no solo como nombre de un sector de la sociedad, sino por el proyecto político que encarnan. Por eso la tarea que dejó planteada Acevedo no admite espera: defender al campesinado y territorializar la agroecología son, hoy, la misma lucha. Adelante te contamos un poco de su conferencia central en la Segunda Jornada Agroecológica realizada en el Tolima. Foto: Laura Caícedo, segunda Jornada Agroecológica del MACO realizada en la Universidad del Tolima Un cambio de época, no un incidente aislado Acevedo situó lo que ocurre en Colombia dentro de un giro geopolítico mucho más amplio: el avance de las derechas en América Latina y el mundo, que —sostuvo— representa el quiebre del orden internacional basado en derechos humanos construido tras la Segunda Guerra Mundial, un quiebre que ubicó en el genocidio de Palestina. Retomando a la socióloga española Yayo Herrero, describió tres formas de guerra que se están agudizando: contra la trama de la vida (extractivismo, ecocidio, crisis ecosocial), contra las condiciones de vida de las comunidades (despojo territorial, migración y desplazamiento forzado) y contra los vínculos de interdependencia que sostienen tanto los ecosistemas como las sociedades. Citando también al sociólogo colombiano Arturo Escobar, caracterizó estas nuevas formas de guerra por la alianza entre poder político y capital multinacional, las narrativas neofascistas que generan odio y vulnerabilidad hacia poblaciones específicas (campesinado, niñez, comunidades LGBTI, población pobre y migrante), la violencia patriarcal, el neoextractivismo minero-energético-agrario y la desterritorialización, que no solo desplaza a la gente sino sus proyectos de vida enteros, en favor de monocultivos gestionados por tecnologías basadas en inteligencia artificial. ¿Te perdiste la conversación? ¡Ya puedes verla en nuestro canal de youtube! Compártelo en tus redes sociales: Instagram Facebook Whatsapp Las amenazas concretas en Colombia La ponencia bajó ese análisis global a hechos recientes y puntuales: Agosto (EN CURSO)Santurbán, SantanderSanturbán pierde su protección Una de las primeras decisiones del actual gobierno fue revocar la protección de cerca de 100.000 hectáreas del páramo de Santurbán, una medida ambiental que el gobierno anterior había dejado como legado para proteger ecosistemas estratégicos productores de agua. Acevedo advirtió que esta reversión no es un hecho aislado: hace parte de una tendencia más amplia por desmontar figuras de protección ambiental en zonas de interés para el extractivismo. Los colegas del MACO en Santander, que celebraron allí su asamblea semanas antes de la Jornada, manifestaron su preocupación directa por lo que esta decisión puede significar para los ecosistemas de alta montaña del país. Agosto (EN CURSO)Tolima (incendios continúan)El Tolima se quema Los incendios forestales en el Tolima ya han arrasado más de 50.000 hectáreas, y según la defensora de derechos humanos María Consuelo Río, citada por Acevedo, no son casualidad: coinciden de manera sospechosa con zonas donde existen títulos mineros vigentes. La lógica es tan simple como grave: un suelo declarado degradado por el fuego facilita después la concesión de licencias mineras sobre áreas que antes estaban protegidas justamente por su riqueza en biodiversidad. Así, el incendio deja de ser solo una tragedia ambiental para convertirse en la antesala de un negocio extractivo sobre ecosistemas que antes eran intocables para las multinacionales. Septiembre (EN CURSO)NacionalLa circular que borra al campesinado La directora de la Agencia Nacional de Tierras envió una circular interna instruyendo a su equipo evitar las palabras «campesinado» y «reforma agraria», instrucción que el propio Ministro de Agricultura ratificó días después ante el Senado. Para Acevedo esto no es un asunto de vocabulario: es el intento de desconocer el proyecto político e histórico del campesinado, sustituyéndolo por la idea de «empresarizar» al campesino, lo que despoja de un plumazo sus dimensiones política, social, cultural y ambiental para dejar solo la económica. Es además una medida abiertamente inconstitucional, en tensión directa con el artículo 64 de la Constitución, que desde 2023 protege al campesinado como sujeto especial. Septiembre (EN CURSO)NacionalTerritorios agroalimentarios bajo amenaza Un decreto de inminente firma dejaría por fuera de la figura de protección territorial cerca de 15.800 hectáreas de territorios campesinos agroalimentarios (TECAM) solo en el departamento de Cundinamarca. La amenaza llega justo cuando 48 municipios del país avanzan en autodeclararse como áreas de protección para la producción de alimentos, un proceso que ya suma más de 864.000 hectáreas reconocidas por las propias comunidades. Acevedo cuestionó abiertamente cuál es el problema que representa para el gobierno que el campesinado produzca alimentos, mejore sus ecosistemas y preserve su identidad cultural, cuando esa es, precisamente, la garantía de la soberanía alimentaria del país. Septiembre (EN CURSO)Selva AmazónicaVuelven las fumigaciones aéreas El gobierno retoma las aspersiones aéreas contra cultivos de coca, esta vez con glufosinato de amonio, presentado oficialmente como una molécula menos dañina que el glifosato. Los datos del índice de coeficiente ambiental de plaguicidas de la Universidad de Cornell, citados por Acevedo, desmienten esa versión: el glufosinato de amonio es más tóxico que el glifosato tanto para el ambiente (38 frente a 32) como, sobre todo, para las personas trabajadoras expuestas directamente a la fumigación (80 frente

Nuevas voces se suman al Movimiento Agroecológico Colombiano En el marco de la Sexta Asamblea Nacional del Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO), realizada el 24 y 25 de julio en la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga), la Asamblea aprobó el ingreso de cuatro nuevas organizaciones a la articulación nacional: Agrosolidaria, Red CSA, Corporación Compromiso y FENACOA. La decisión se tomó como parte de los mandatos surgidos del encuentro, en el que las plataformas que conforman el MACO se reunieron para definir su hoja de ruta frente a incidencia política, comunicaciones, articulación territorial y plan de acción para lo que viene. Una articulación que sigue creciendoEl ingreso de estas cuatro organizaciones fortalece una red que, según el mapeo agroecológico presentado en la misma Asamblea, viene registrando un crecimiento sostenido de iniciativas agroecológicas desde 2017. Se trata de un sujeto agroecológico heterogéneo —campesino, indígena, afro, urbano, de mujeres y de jóvenes— cuya diversidad es, precisamente, uno de los rasgos que el movimiento reivindica como su mayor fortaleza.Con esta ampliación, el MACO no solo suma organizaciones a su base, sino también capacidades y experiencias que ya se están integrando a los distintos equipos y comités de trabajo definidos en la Asamblea: incidencia política, articulaciones, comunicaciones, derechos humanos, financiación, formación política y gestión del conocimiento. Lo que viene La incorporación de nuevas organizaciones llega en un momento estratégico para el movimiento, que se prepara para relanzar el Proyecto de Ley de Agroecología en el Congreso, sostener la Mesa Nacional de Agroecología y fortalecer su incidencia de cara a las elecciones locales y regionales de 2027.El MACO reitera su invitación a las organizaciones y procesos agroecológicos del país que aún no hacen parte de la articulación a sumarse a este esfuerzo colectivo por defender y expandir la agroecología en los territorios.

El Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO) define una nueva ruta de acción para fortalecer la agroecología en Colombia Durante su VI Asamblea Nacional, realizada en Bucaramanga, las organizaciones que integran el Movimiento Agroecológico Colombiano acordaron una nueva hoja de ruta para fortalecer la incidencia política, la articulación territorial, las comunicaciones y la defensa de la agroecología en el país. Los días 24 y 25 de julio de 2026, las plataformas y organizaciones que hacen parte del Movimiento Agroecológico Colombiano (MACO) se encontraron en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, para realizar su VI Asamblea Nacional. El encuentro tuvo como propósito revisar colectivamente el momento actual y reorientar el marco de acción del movimiento frente a los nuevos desafíos políticos y territoriales. Durante la Asamblea se abordaron asuntos centrales para el movimiento: incidencia política, estrategia de comunicaciones, articulación, mapeo agroecológico, protección de los liderazgos y plan de acción. Las conversaciones permitieron reconocer los avances alcanzados, identificar riesgos y definir acuerdos concretos para los próximos meses. La Asamblea también definió equipos de trabajo para incidencia, articulaciones, comunicaciones, derechos humanos, financiación, formación política y gestión del conocimiento, fortaleciendo la distribución colectiva de responsabilidades dentro del movimiento. Más organizaciones, más diversidad, más articulación La VI Asamblea aprobó además el ingreso de Agrosolidaria, Red CSA, Corporación Compromiso y FENACOA al Movimiento Agroecológico Colombiano. Esta ampliación se suma a una de las principales conclusiones del mapeo: el sujeto agroecológico es diverso y heterogéneo. Para el MACO, esa diversidad constituye precisamente una de sus principales fortalezas. Defender la Mesa Nacional de Agroecología desde los territorios La Mesa Nacional de Agroecología (MNA) fue otro de los asuntos centrales de la Asamblea. Las organizaciones reconocieron los avances alcanzados, pero también señalaron riesgos relacionados con la falta de recursos, la débil capacidad institucional y la incertidumbre frente al próximo gobierno. Ante este escenario, el MACO acordó mantener la existencia de la Mesa y territorializar el proceso en aquellas regiones donde exista capacidad de incidencia. También se propuso desarrollar acciones pedagógicas para visibilizar la Política Pública de Agroecología y promover su incorporación en los planes de vida de las territorialidades y en los planes de gobierno locales y departamentales. Así, la apuesta del movimiento busca que la agroecología no se limite al ámbito institucional, sino que continúe fortaleciéndose desde las organizaciones y los territorios que históricamente han sostenido estas luchas. Además, identificó que más de la mitad de los liderazgos registrados están encarnados por mujeres y que las iniciativas agroecológicas mantienen un crecimiento sostenido desde 2017. Aunque las dificultades de conectividad y convocatoria impidieron completar el mapeo nacional, el MACO aprobó su lanzamiento y acordó establecer criterios para su actualización, así como avanzar en un mapeo interno que permita reconocer las fortalezas de las plataformas y organizaciones que hacen parte de la articulación. Reconocer y visibilizar la diversidad agroecológica del país La Asamblea también permitió revisar los avances del mapeo agroecológico, una herramienta que busca reconocer la diversidad de procesos que construyen agroecología en Colombia. El ejercicio mostró que la agroecología comprende mucho más que la producción de alimentos: también involucra gestión del conocimiento, comunicaciones, economías circulares, investigación, artes, defensa de los bienes comunes y crianza. Una nueva etapa para la incidencia política Uno de los principales acuerdos fue retomar la ruta del Proyecto de Ley de Agroecología. Luego de que el proyecto fuera agendado para segundo debate sin que el trámite llegara a buen puerto, el MACO acordó volver a presentarlo durante esta legislatura, conservando el documento construido y fortaleciendo la estrategia de incidencia. Para ello, se conformó una comisión específica de incidencia y se acordó trabajar junto con la UTL de Renzo García en los ajustes necesarios para presentar nuevamente el proyecto. La Asamblea reconoció este proceso como una conquista del movimiento y llamó a fortalecer las alianzas con congresistas y actores cercanos a la propuesta. La agenda de incidencia también contempla la construcción de una posición unificada para la incidencia política regional y el acercamiento a candidaturas a alcaldías y gobernaciones, con el propósito de promover la inclusión de la agroecología en los planes de gobierno. Una ruta construida colectivamente La VI Asamblea Nacional deja así una agenda amplia: retomar la Ley de Agroecología, defender y territorializar la Mesa Nacional de Agroecología, fortalecer la articulación, reconocer la diversidad de procesos agroecológicos, renovar las comunicaciones y ampliar el trabajo en los territorios. Más que cerrar un ciclo, los acuerdos de Bucaramanga abren una nueva etapa para el Movimiento Agroecológico Colombiano. Una etapa que parte de lo construido, reconoce los desafíos del contexto y apuesta por seguir articulando organizaciones, territorios y luchas para que la agroecología continúe ganando fuerza como propuesta política, social y territorial en Colombia.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA MESA NACIONAL DE AGROECOLOGÍA? Invitamos a Roger Fabián García, como miembro de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Agroecología para que nos cuente su perspectiva sobre este espacio.  Adelante encontrarás sus reflexiones: La Mesa Nacional de Agroecología: entre el avance histórico y el reto de la transformación territorial Por: Roger Fabián García – Representante regional en la Mesa Nacional de Agroecología por la Red de Semillas Libres y Miembro de la Secretaría Técnica COLUMNA DOMINICAL || En Colombia, la agroecología emerge como un brote persistente frente al modelo agrícola que ha simplificado paisajes, degradado suelos, debilitado economías campesinas y reducido la diversidad de los sistemas agroalimentarios. Durante décadas, el país ha visto cómo grandes extensiones de tierra han sido sometidas a modelos productivos que reducen la vida, contaminan el agua, empobrecen los suelos, disminuyen la diversidad, concentran la producción y debilitan las economías campesinas. Frente a ese paisaje, la agroecología es una respuesta de los territorios ligada a la defensa de la vida, de las semillas, del agua, de la alimentación y de las comunidades que sostienen el campo colombiano. La Política Pública Nacional de Agroecología y la instalación de su estructura de gobernanza, la Mesa Nacional de Agroecología, representan un avance histórico para el país. Por primera vez, muchos de los procesos que durante años han sido sostenidos por organizaciones campesinas, comunidades étnicas, mujeres rurales, juventudes, redes de semillas, mercados campesinos, huertas, escuelas agroecológicas, academia y plataformas territoriales encuentran un espacio nacional de gobernanza llamado a orientar, articular y hacer seguimiento a la implementación de la agroecología en Colombia. Este espacio es el fruto de una larga siembra colectiva que ha cuidado las semillas y los saberes, practicando otras formas de producir, alimentarse y habitar el territorio. Sin embargo, como ocurre con todo brote que aparece después del fuego, el surgimiento no garantiza por sí solo la vida futura. La política pública abre una posibilidad, pero esa posibilidad necesita suelo agua, cuidado y condiciones reales para crecer. Allí aparece uno de los principales retos del momento actual: la Política Pública Nacional de Agroecología aún no cuenta con una ficha de inversión específica que asegure recursos propios para su implementación. Una política puede tener principios sólidos, enfoques pertinentes y una estructura participativa, pero si no logra traducirse en programas, proyectos, presupuestos y acciones concretas, corre el riesgo de quedarse en el papel. Por eso, la Mesa Nacional de Agroecología tiene una responsabilidad decisiva. Su papel no debe limitarse a acompañar discusiones coyunturales o producir orientaciones institucionales. La Mesa puede contribuir a cerrar la distancia entre el reconocimiento normativo y la transformación territorial. Esto implica hacer seguimiento, proponer rutas, promover articulaciones y buscar que la agroecología entre con mayor fuerza en los instrumentos de planeación pública, en los presupuestos, en los proyectos de inversión y en las decisiones de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales. El reto central es lograr que la política eche raíces en los territorios. Territorializar la Política Pública Nacional de Agroecología significa llevarla a la vida real de los municipios y departamentos, no como una orden desde el nivel central, sino como un proceso de construcción colectiva. Cada territorio tiene su propia historia, sus condiciones ecológicas, sus conflictos, sus organizaciones, sus capacidades institucionales y sus prácticas agroalimentarias. Por eso, la implementación territorial debe partir del reconocimiento de lo que ya existe y no de la idea equivocada de que la agroecología empieza con la expedición de una norma. La agroecología ya está presente en muchas fincas campesinas que conservan semillas nativas y criollas; en huertas comunitarias que fortalecen la alimentación y bienestar local; en mercados que conectan productores y consumidores; en escuelas de formación popular; en sistemas agroforestales; en prácticas de conservación de suelos y aguas; en cocinas tradicionales; en experiencias de restauración productiva; y en organizaciones que han defendido el territorio frente a modelos que reducen la naturaleza a mercancía. La política pública tiene sentido si ayuda a fortalecer esas experiencias, ampliar su alcance y mejorar sus condiciones de sostenibilidad. En este camino, las mesas departamentales y municipales de agroecología pueden convertirse en espacios clave. Estos escenarios permitirían reunir a organizaciones campesinas, asociaciones productivas, redes de custodios de semillas, instituciones educativas, comunidades étnicas, procesos de mujeres rurales, juventudes, mercados campesinos, entidades públicas y otros actores vinculados a los sistemas agroalimentarios. Su valor estaría en propiciar el diálogo, ordenar prioridades, identificar capacidades, formular propuestas y construir acuerdos que respondan a las necesidades concretas de cada territorio.La agroecología requiere participación real, capacidad de decisión, acompañamiento técnico, voluntad política y recursos. También exige reconocer que los saberes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunitarios tienen un lugar central. La institucionalidad debe acompañar, ordenar y fortalecer, pero no puede reemplazar la voz de quienes han sostenido estos procesos en la práctica durante décadas. La metáfora del brote obliga también a mirar el suelo. Si el suelo institucional es débil, si no hay financiación, si no existen programas claros, si los municipios no cuentan con capacidades técnicas o si las organizaciones sociales son convocadas solo de manera simbólica, el proceso puede marchitarse. Se trata de la posibilidad real de que la política cuente con recursos para acompañar procesos de formación, fortalecer mercados agroecológicos, apoyar transiciones productivas, consolidar sistemas participativos de garantía, promover investigación territorial, impulsar escuelas, apoyar planes locales y generar condiciones para que las comunidades puedan sostener la transición agroecológica. La transformación agroalimentaria requiere abrir conversaciones con productores, instituciones y gobiernos locales que todavía asocian el mejoramiento de la producción agrícola sólo con el acceso a insumos externos, tecnologías convencionales o semillas “mejoradas”. Allí la política pública tiene una tarea pedagógica y política: evidenciar que producir mejor significa recuperar capacidades territoriales, diversificar los sistemas productivos, cuidar los suelos, fortalecer las semillas propias, reducir riesgos y reconstruir relaciones más equilibradas entre producción y conservación. La agroecología propone una ruta de transición que permita mejorar la producción desde la autonomía, el conocimiento local, la biodiversidad y la organización colectiva. La mirada crítica debe mantenerse, pero sin